Entre la represión de la disidencia y la inmunidad de las élites: España y lo que deja el encarcelamiento de Pablo Hasél

Entre la represión de la disidencia y la inmunidad de las élites: España y lo que deja el encarcelamiento de Pablo Hasél

RT.COM.-  Pedro Sánchez se presentó ante los medios de comunicación tan guapo y apuesto como le gusta a sus ministras –Margarita Robles: “Tenemos un Rey guapísimo y un presidente del Gobierno más guapo todavía”–, pero con el gesto torcido por las manifestaciones –y los disturbios– producidas en España por la detención y el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél. Como si quisiera zanjar el debate afirmó que “en una democracia plena, y España es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia”. Una frase que puede convertirse en lapidaria, para él y para España.

Para empezar, la inmediata frase anterior dinamitó por completo tan severa afirmación: “La democracia española tiene una tarea pendiente, que es ampliar y mejorar la libertad de expresión”. ¿Se puede ser una democracia plena si hay que “ampliar y mejorar la libertad de expresión”? Democracia, difícilmente, por la inexcusablemente íntima relación de ésta con la libertad de expresión; pero democracia plena, imposible.

Si Pedro Sánchez ha sido el primero en quebrar su propia afirmación, antes incluso de nacer, el caprichoso destino no ha sido menos implacable, pues el final de la frase presidencial, “resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia”, fue brutalmente apuñalado, incluso con ensañamiento, por el fallecimiento por covid-19 del general Rodríguez Galindo. General de la Guardia Civil condenado por el secuestro, el asesinato y las torturas que sufrieron Lasa y Zabala, pero que, tan solo, cumplió cuatro años de prisión y conservó sus medallas y condecoraciones hasta el fin de sus días. Un general que fue, casualidades –de nuevo– del destino, consejero durante meses de la mencionada ministra, Margarita Robles, que tan embelesada ha quedado por la belleza presidencial y monárquica.

No se trata de un caso menor ni de una cuestión tangencial ni mucho menos de un asunto aislado. El conocido torturador Billy el Niño falleció en la cama. Como el dictador Francisco Franco. Y como parece que fallecerá el rey emérito, Juan Carlos, o el torturador y coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí. Todos ellos, salvo el general Galindo, que pasó un tiempo mínimo –y prudentemente decorativo– en prisión debido a la presión mediática, son delincuentes que quedaron exonerados de pagar por sus crímenes y tuvieron el reconocimiento y el apoyo de las más altas instituciones del Estado.

La legislación española parece confeccionada a medida de las élites franquistas que, todavía hoy, mantienen el poder en España. Peor aún, parece que de estas élites dependen los encargados de redactar y aplicar las leyes. Preocupante.

Así pues, la realidad, muy alejada de las afirmaciones de Pedro Sánchez, es que en España resulta inadmisible la violencia que va dirigida contra contenedores, escaparates y agentes policiales por parte de minoritarios manifestantes que descargan su frustración por una situación claramente injusta y asimétrica que se vive en el país –según fuentes policiales, los grupos violentos ascendieron a un 3% en Madrid, con 40 de 1.200, y un 14% en Barcelona, con 250 de 1.700–, porque la violencia de aporrear, ahogar, electrocutar, despellejar y asesinar resulta tétricamente amparada cuando los ejecutores son agentes policiales o parapoliciales. Como cuando una mujer pierde un ojo, como ha ocurrido en el caso de las manifestaciones por Pablo Hasél, o cuando se emplea munición real en Linares contra manifestantes o cuando se dispara contra migrantes, como sucedió en el Tarajal, donde hace siete años fallecieron al menos quince migrantes ahogados mientras agentes españoles les disparaban.

La brutalidad policial no es, por tanto, inadmisible en la España de Pedro Sánchez, ni la España de la mayoría de los gobernantes, lo que por sí mismo dificulta que ésta sea una democracia plena, puesto que, como el mismo presidente afirma, “en una democracia plena resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia”. De cualquiera.

Dejando a un lado que, en el caso de Pablo Hasél, ni se manifiestan, por temor u otras cuestiones, todos aquellos que se oponen a la condena ni todos los que se manifiestan son violentos, cabe preguntarse ante esta nueva muestra ciudadana de desafección si existe otra alternativa. Si España dispone de una herramienta que permita a los ciudadanos realizar cambios a distintos niveles, estructuras y poderes sin recurrir a las manifestaciones y a las acciones violentas para terminar con la asimetría que protege a unos y condena a otros. No lo parece.

Como ocurrió en el caso de la condena a los líderes catalanes por delitos que ni siquiera aparecen en múltiples códigos penales europeos, condenas que se asemejan en cuanto a dureza a la que recibieron criminales de guerra durante los años noventa en la antigua Yugoslavia, nos encontramos con protestas ciudadanas tras una resolución judicial amparada en un código penal de escasa aceptación para una gran mayoría de los ciudadanos. Máxime teniendo en cuenta que la legislación española parece confeccionada a medida de las élites franquistas que, todavía hoy, mantienen el poder en España. Peor aún, parece que de estas élites dependen los encargados de redactar y aplicar las leyes. Preocupante.

En el caso de Pablo Hasél, condenado por sus letras y sus tuits, algunos de ellos realmente incendiarios, nos encontramos con un rapero que es condenado por muchas cuestiones, en algunas ocasiones con justificación, pero entre ellas por calificar de ladrón al rey Juan Carlos I, algo parecido a lo que le sucedió a Valtonyc, el rapero que se ha refugiado en Bélgica, país que ha negado la extradición a España por considerar que las letras de sus canciones estaban amparadas por la libertad de expresión. Letras que en España se consideran ‘terroristas’.

Sin embargo, el problema, más allá incluso de condenar al rapero por delitos contra la Corona, un delito que, como hemos advertido, no existe en la mayoría de los países europeos, es que Juan Carlos I no solo es un ladrón, sino que es un delincuente múltiple oficioso porque no puede ser juzgado debido a la inviolabilidad jurídica. Y no puede ser juzgado porque nos encontramos con un Estado que blinda legislativamente a su jefe de cualquier acción delictiva que cometa, por aberrante que pudiera ser, mientras condena cualquier crítica –o insulto– que pueda recibir, por veraz que pudiera ser. Un problema legislativo que genera no pocas tensiones desde hace años.

Cabría preguntarse quiénes son los verdaderos responsables de los disturbios acaecidos, ¿los manifestantes que protestan por la condena o los políticos que no han modificado la legislación ni reformado las instituciones judiciales en décadas?

Se podrá demonizar a los manifestantes, sobre todo a los violentos, pero antes de ello deberíamos volver a preguntarnos si los ciudadanos disponen de herramientas para modificar el aparato legislativo y adecuarlo a la realidad social. La respuesta parece negativa. Y si los ciudadanos carecen de una posibilidad efectiva de modificar el aparato legislativo, ¿qué opción se les deja si no son las calles para forzar este cambio legislativo? Porque lo cierto es que, aunque la mayoría de los ciudadanos no están de acuerdo con la violencia, no es menor el porcentaje de ellos que considera que en el trasfondo de la cuestión existe una razón abrumadora a favor de Pablo Hásel. Máxime con el rey emérito Juan Carlos huido de forma vergonzosa para silenciar los escándalos corruptos que le afectan. Así pues, en este caso cabría preguntarse quiénes son los verdaderos responsables de los disturbios acaecidos, ¿los manifestantes que protestan por la condena o los políticos que no han modificado la legislación ni reformado las instituciones judiciales en décadas?

Ciertamente, los políticos deberían haber realizado los cambios legislativos necesarios para terminar con la inviolabilidad jurídica del rey y despenalizar la enorme cantidad de delitos que afectan a la libertad de expresión y que a día de hoy han quedado descontextualizados. Porque si medieval resulta la existencia de un rey con protección divino-legislativa, no lo es menos la endiablada red jurídica que ataca frontal y violentamente a la libertad de expresión. Recordemos el caso de Cassandra Vera, una tuitera que fue condenada en primera y segunda instancia por apología del terrorismo al publicar un chiste sobre el asesinato de Carrero Blanco, hombre fuerte del Régimen franquista y mano derecha del dictador que es considerado por la legislación española como víctima del terrorismo. ¡¿Víctima?!

Porque esta mencionada asimetría legislativa en favor de las élites franquistas dota de inmunidad al jefe del Estado y de libertad a la ultraderecha para campar a sus anchas, justo al contrario de lo que sucede en países como Alemania, donde la apología nazi se castiga con rigor. Por ello, en los mismos días en los que Pablo Hasél tenía que entrar en prisión, una joven neonazi hija de un comentarista de Ana Rosa Quintana, presentadora ultra que dirige desde hace décadas un exitoso programa televisivo, fue noticia por un discurso de odio contra múltiples colectivos, entre ellos los judíos, en el centro de Madrid. Convirtiéndose automáticamente en musa de no pocos medios de comunicación. Una ironía del destino, otra más, casi tan épica como la que ha acaecido junto a Juan Carlos I, que se refugia en Emiratos Árabes Unidos al tiempo que una princesa, Latifa, denuncia encontrarse secuestrada. Una de tantas.

Los actos violentos, en la mayoría de los casos, aunque sean minoritarios, suelen reflejar las tensiones producidas por el desacuerdo ciudadano con el marco establecido por los políticos en favor de las élites. Ocurrió en Catalunya, tanto en octubre de 2017 como de 2019, donde los disturbios no habrían existido si los catalanes hubieran podido votar en referéndum, una consulta que avala una inmensa mayoría de ellos. Y ocurre en nuestros días, donde si el jefe del Estado no fuera inviolable jurídicamente y hubieran sido despenalizadas hace tiempo una gran cantidad de delitos que afectan a la libertad de expresión, ni un rapero estaría en prisión ni habría manifestaciones en las calles ni un rey emérito estaría huido para vergüenza internacional de España.

Esta intencionada posición política, claramente favorable en Occidente a movimientos ultraderechistas, está generando en los últimos tiempos un problema que puede ser aún mayor: la privatización de la legislación en cuanto a la libertad de expresión de las redes sociales. Un debate espinoso que no desaparecerá por desatenderlo, muy al contrario, se acrecentará. Porque lo cierto es que en la actualidad son empresas privadas como Facebook o Twitter las que tienen que tomar decisiones que, en ningún caso deberían ser de su competencia, sobre los límites de la regulación de la libertad de expresión. El cierre del perfil de Donald Trump tras el asalto al Capitolio es una muestra de ello. Y sin ir más lejos, el cierre de mi propio perfil de Twitter ayer mismo es otro.

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